Los asuntos de derechos humanos en México siempre han dejado mucho que desear. Respecto a menores de edad en temas que comprenden su seguridad e integridad como persona no hay mucho que rescatar. En nuestro país, a falta de un marco regulatorio fuerte e instituciones firmemente construidas, el ser un niño sin la protección o cuidado de la familia representa materia prima fácil para la explotación infantil en todos los aspectos. Esta vez, no hablaremos del porque nos llaman “la Tailandia de América”, refiriéndose a la prominente prostitución de menores y pornografía infantil en nuestra nación, sino a la explotación laboral.
En México, según la Organización Internacional del Trabajo, más de 3 millones de niños forman parte de la fuerza laboral del país. Los motivos son muchos, en la mayoría de los casos, se trata de familias en pobreza extrema que no tienen otra mejor opción que mandar a trabajar a los infantes para que aporten un ingreso extra a su casa.
De todos esos menores de edad, alrededor de 700 mil, laboran en empleos de alto riesgo, como la minería, construcción o agricultura. Para muestra, un botón: en Baja California Sur, son comunes los casos donde familias enteras son traídas con engañosas y falsas promesas de una vida mejor del interior de la republica para trabajar en los campos agrícolas de todo el estado. Aquí, no se distingue sexo y mucho menos edad, permitiendo a los acaudalados empresarios vivir al margen de la ley. No por nada, estos menores representan el 59.2% del total de los niños que hacen alguna actividad laboral en nuestro país.
Pero para colmo, en los últimos años, con los crecientes problemas de narcotráfico , los reclutadores se han diversificado, volviéndose sicarios y mafiosos los empleadores de menores, que usan como carne de cañón para esta guerra que se inició hace algún tiempo entre el crimen organizado y el gobierno. Ellos son, los delincuentes del futuro.
Además de lo mencionado, nuestro país, es la única nación perteneciente a la OIT, que no ha ratificado el convenio 182, que habla precisamente sobre la edad mínima para laborar. A pesar de los grandes rezagos en el tema de los derechos de los niños, la legislación mexicana apenas y tienta a los patrones que incurren en este delito con la simbólica amonestación de 250 salarios mínimos.
Esta situación priva a pequeños de llevar una vida normal y digna, donde hipotéticamente debería de imperar la protección, la salud y educación en un país teóricamente diferente.
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