Al igual que como sucedió en el caso de la Guardería ABC hace más de dos años en Hermosillo, Sonora, en donde 49 bebés perdieron la vida víctimas de las llamas y resultaron otros más de 70 heridos sin que se fincara responsabilidad penal a alguno de los socios dueños del inmueble, ni a las autoridades del municipio, del estado o federales, la PGR ahora confirma que la tragedia del Casino Royale, acaecida en Nuevo León el pasado 25 de agosto igualmente carece de responsables.
Tras los peritajes de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Procuraduría de Justicia del Estado, así como después de recopilar testimonios, declaraciones de testigos y presuntos implicados, se concluyó que no existe responsabilidad penal ni de las autoridades, ni de los propietarios del lugar.
En este incidente perdieron la vida 52 personas, en su mayoría mujeres y adultos mayores, a lo que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organiza (Siedo) alega que el casino cumplía “parcialmente” con las medidas de seguridad requeridas para su funcionamiento. Si, dijo “parcialmente”.
Adrián de la Garza Santos también argumentó que el lugar contaba con ocho puertas y 40 extintores de fuego así como rutas de evacuación, señalizaciones y alfombras hechas de fino material retardante contra incendios.
La responsabilidad por la tragedia fue totalmente delegada a 36 integrantes del cártel de Los Zetas, de los cuales 16 ya son procesados por disparar dentro del inmueble y rociar más de 200 litros de gasolina para provocar el incendio, y se giraron ordenes de aprensión contra los líderes del atentado y de la organización delictiva, por quienes se ofrecen recompensas de 15 a 30 millones de pesos.
“… aún y cuando hubiera existido cualquier medida de seguridad y de prevención de riesgos, no hubiera sido suficiente para evitar la tragedia por la participación del grupo delictivo que realizó disparos y amenazó a los clientes, además del uso de un combustible altamente flamable”, reiteró De la Garza.
Y aunque la PGR asegura que las conclusiones a las que se ha llegado hasta el momento no son determinantes en cuanto a responsabilidades civiles, administrativas o laborales en las que pudiera haber incurrido cualquier autoridad o los dueños del casino, ya han pasado casi cuatro meses y para ser el primer informe deja mucho qué desear.
Lo turbio del asunto salta a la luz con el testimonio de una sobreviviente de la tragedia y madre de un joven que si murió a causa del incendio.
Se trata de Samara Pérez Muñiz, quien asegura que no fue citada a declarar al igual que otros testigos que dieron cuenta de lo que en realidad estaba sucediendo.
La mujer relata cómo fue que quedó atrapada en el casino que estaba convertido, literalmente, en una trampa mortal de puertas bloqueadas con máquinas de juegos y láminas.
Al igual que miles de regiomontanos, la víctima está de acuerdo en que el informe de la PGR es una burla, y que es inconcebible que no sean imputadas responsabilidades a los dueños del lugar por abrir sus puertas al público pese a las diversas amenazas que el crimen organizado les había proferido.
Mediante el Congreso del Estado se pretende acusar a las autoridades de Protección Civil del Estado, pero hay mucho más detrás de esta tragedia y es claro que hay algo que busca encubrirse, de lo contrario ¿por qué evitan citar a testigos como Samara Pérez?
Esto hace que México esté convertido en un país en el que pueden perecer 52 personas en un incendio provocado dentro de un casino, o 49 niños en una guardería sin que pase nada.
Menos aún cuando estas muertes caen también bajo la responsabilidad de autoridades corruptas, que quizás no por participación directa, pero si por imprudencia u omisión, simplemente permiten que estos detestables “accidentes” ocurran.
Informes como el que da a conocer la PGR tienen toda la intención de hacerle creer a los mexicanos que las autoridades son infalibles, incapaces de cometer un delito y, sobre todo, intocables cuando ellos mismos se absuelven automáticamente de todo crimen, y si se les señala, pues bien, he ahí el aumento desmesurado de la cifra de activistas desaparecidos o asesinados en todo el país por hablar de más, por preguntar de más, por exigir su derecho a la paz y a la justicia cuando se supone que el estado debe garantizarla.
El costo de la justicia es cada vez más caro, sobre todo si se toma en manos propias, ya que la impunidad de quienes la profieren sigue propagándose como un cáncer, en fin, en el Casino Royale, “no existe responsabilidad penal ni de las autoridades, ni de los propietarios del lugar”, ¿será?.
Por Bibiana García Garza @BTheforce
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